El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 792, una medida legislativa que establece la Ley del Registro de Personas Sordas en Puerto Rico, con el fin de crear por primera vez un mecanismo oficial y confiable para recopilar información estadística sobre esta población y fortalecer la planificación de política pública dirigida a sus necesidades.
La medida es de la autoría de la Karen Román Rodríguez, senadora por el Distrito Mayagüez–Aguadilla, quien destacó que la legislación permitirá al Gobierno contar con datos precisos para el diseño y la implementación de servicios esenciales dirigidos a la comunidad sorda.
“Esta medida responde a una necesidad real. Sin información precisa no se puede desarrollar política pública efectiva. Hoy el Senado actúa con responsabilidad para garantizar que la comunidad sorda sea atendida con datos, planificación y acciones concretas”, expresó la senadora tras la aprobación del proyecto.
La Ley del Registro de Personas Sordas en Puerto Rico dispone que el registro será administrado por el Departamento de Salud. Será en coordinación con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) y la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda (OECS). El proceso se llevará a cabo utilizando los recursos humanos, tecnológicos y administrativos existentes. Esto sin la creación de nuevas plazas ni impacto fiscal adicional para el Gobierno de Puerto Rico.
Entre los principales objetivos de la legislación se encuentran la recopilación de estadísticas confiables sobre la población sorda en la isla. Además de la facilitación de la planificación y el diseño de programas gubernamentales. También, la identificación de necesidades relacionadas con intérpretes de lenguaje de señas y sistemas de comunicación accesible. Así como el fortalecimiento de la respuesta gubernamental en situaciones de emergencia y desastres naturales.
La medida también busca garantizar la aplicación efectiva de las leyes estatales y federales relacionadas con la accesibilidad y la protección de los derechos de las personas sordas. A su vez, establece disposiciones estrictas de confidencialidad para asegurar que la información recopilada sea protegida y utilizada exclusivamente para los fines autorizados por ley.
“La política pública debe construirse desde la realidad de la gente. Este registro permitirá al Gobierno actuar con mayor precisión, responsabilidad y sensibilidad social”, añadió Román Rodríguez.
Con la aprobación del Proyecto del Senado 792, el Senado reafirma su compromiso con una política pública basada en datos confiables y orientada a la inclusión. Representando un avance significativo para la comunidad sorda y sus familias en todo Puerto Rico, particularmente en la región oeste del país.
