Antes de hablar de cifras, recortes, juntas fiscales y presupuestos, conviene detenerse un instante ante una imagen más grave y verdadera de la Universidad de Puerto Rico: la de estudiantes que vienen del interior de la Isla, que cargan con el aumento del costo de la matrícula, con la gasolina, con la renta imposible, con la compra que no alcanza, y que en ocasiones terminan durmiendo en sus vehículos o pasando hambre para no abandonar sus estudios. Esa es la Universidad que no cabe en las hojas de cálculo de la Junta de Control Fiscal. Esa es la Universidad que los tecnócratas no miran, porque sus modelos económicos no tienen ojos para el cansancio, ni oído para el estómago vacío, ni corazón para la dignidad de un estudiante que insiste en graduarse aunque el país parezca empujarlo hacia la renuncia.
Come Colegial: la solidaridad frente a la indiferencia inhumana de la Junta de Control Fiscal…
Frente a esa realidad, iniciativas como Come Colegial, fundada en el Recinto Universitario de Mayagüez en 2014, revelan el rostro más noble de la institución: una asociación estudiantil dedicada a entregar gratuitamente alimentos no perecederos a estudiantes en necesidad, con el apoyo de dependencias universitarias, profesores, personal administrativo, empresas, exalumnos y ciudadanos solidarios. Su propia consigna lo resume con una claridad estremecedora: “Porque un cerebro no se puede alimentar con un estómago vacío”.
Esa obra humanitaria, nacida desde el corazón del Colegio, no se quedó encerrada en Mayagüez. En 2019 se convirtió en inspiración para Come UPR, proyecto dirigido a crear capítulos en otros recintos del sistema universitario para combatir la inseguridad alimentaria estudiantil y evitar que jóvenes en precariedad económica abandonen sus estudios. Según la propia página de Come Colegial, el proyecto Come UPR se inspiró en la labor humanitaria de Come Colegial y de su consejera, Lucy Serrano Gastón, quien fue designada coordinadora de Come UPR por la vasta experiencia acumulada en este esfuerzo. Esa labor desinteresada no es un detalle menor: es una lección moral para el país.
Lucy Serrano Gastón, fundadora y consejera de Come Colegial, fue reconocida con el premio Sister Isolina Ferré a la excelencia del Servicio al Prójimo por su compromiso, entrega y solidaridad, precisamente por una obra que busca que ningún estudiante pase hambre o necesidad de alimentos.
Y, sin embargo, esa Universidad solidaria, esa Universidad que alimenta al que no tiene, que sostiene al que casi se rinde, que convierte la compasión en estructura y la ayuda mutua en política de vida, no parece interesarle a quienes integran la Junta de Control Fiscal. Para ellos, el estudiante es una unidad de costo; para Come Colegial, es una vida que merece continuar. Para ellos, la Universidad es una partida presupuestaria; para Lucy Serrano Gastón y los voluntarios de esta iniciativa, la Universidad es una comunidad que se cuida a sí misma. Ahí está, precisamente, la diferencia entre la austeridad neoliberal y la economía moral del país que todavía resiste: una mira números; la otra mira rostros. Una recorta; la otra reparte comida. Una calcula cuánto cuesta la Universidad; la otra sabe cuánto vale un estudiante que no se rinde.
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Solidaridad, memoria y deber ministerial ante la Junta de Control Fiscal. La defensa de la UPR como deber histórico…
Es por esa razón que, como Historiador Oficial de Puerto Rico y como profesor de Historia del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, asumo este deber ministerial de la palabra histórica, y es que no puedo mirar este acontecer histórico del día a día como si fuera una simple disputa administrativa o presupuestaria. Tenemos el deber de pronunciarnos para denunciar el atropello de una Junta de Control Fiscal que parece creer que la historia de Puerto Rico comenzó con su llegada a la Isla, sin entender que aquí hay memoria, aquí hay pueblo, aquí hay generaciones sacrificadas, aquí están enterrados nuestros muertos y aquí sigue viva una universidad pública que no le pertenece al mercado, sino a la conciencia histórica de Puerto Rico.
Esta propuesta nace precisamente de esa certeza. No se limita a denunciar la austeridad neoliberal que ha reducido la UPR a una partida contable ni a reclamar cambios administrativos superficiales. Su propósito es convocar una transformación más honda, práctica y ejecutable: pensar la Universidad desde la solidaridad, el cooperativismo, la justicia social y la defensa de su misión pública.
Aunque exista escepticismo, cansancio y desesperanza ante la posibilidad de cambios reales en la UPR, esta propuesta no nace de una fantasía, sino de experiencias constatables: en Puerto Rico, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, COSSEC asegura las acciones y depósitos de más de 1.3 millones de socios y depositantes de cooperativas de ahorro y crédito, y para el cuarto trimestre de 2025 el sistema de cooperativas de crédito en la Isla registraba aproximadamente $13.74 mil millones en activos, evidencia de que la cooperación organizada posee fuerza económica real y no meramente simbólica.
Se trata, entonces, de salir de la caja estrecha donde por décadas la mala administración, la dependencia fiscal y la lógica del mercado han querido encerrar a la UPR, para imaginar -y comenzar a construir- una institución renovada, democrática, económicamente creativa y moralmente comprometida con el país que todavía la necesita.
La Universidad de Puerto Rico no puede medirse únicamente con la frialdad de una hoja de balance. Quien mire a la UPR solo como una partida presupuestaria nunca comprenderá lo que ha significado para este país. La UPR ha sido aula, laboratorio, biblioteca, conciencia crítica, ascensor social, refugio intelectual y promesa de futuro para miles de jóvenes que nacieron sin privilegios, pero con talento.
En sus salones han entrado hijos de obreros, agricultores, empleados públicos, madres solteras, comunidades rurales, barrios empobrecidos y familias que, sin la universidad pública, jamás habrían podido imaginar una profesión, una investigación, una vida distinta. Por eso, cada recorte a la UPR no es simplemente una reducción de fondos: es una reducción del horizonte moral de Puerto Rico.
Robert F. Mujica, Jr., director ejecutivo de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico desde el 1 de enero de 2023, representa una racionalidad fiscal formada en la administración presupuestaria, la deuda pública y el manejo técnico de los números. La propia Junta lo presenta como un funcionario con experiencia en política fiscal, presupuestos, proyecciones económicas, planificación fiscal y administración de deuda en el estado de Nueva York. Ese perfil explica, en parte, el problema: cuando la universidad se mira desde la óptica del acreedor, del mercado y de la disciplina presupuestaria, se corre el riesgo de olvidar que la UPR no es una corporación cualquiera, sino una institución histórica de equidad social.
La Junta fue creada bajo la Ley PROMESA con el mandato declarado de ayudar a Puerto Rico a alcanzar responsabilidad fiscal, promover reformas de crecimiento económico y recuperar acceso a los mercados de capital. La propia Junta afirma que debe trabajar con el pueblo y el gobierno de Puerto Rico para crear condiciones de crecimiento y restaurar oportunidades. Sin embargo, esa promesa original se ha ido convirtiendo, en la experiencia concreta del país, en una lógica de cobro.
Y es que más que un instrumento de reconstrucción económica, la Junta ha operado muchas veces como una compañía de cobro con lenguaje tecnocrático: exige, condiciona, certifica, retiene, ordena y fiscaliza, pero rara vez parece preguntarse qué queda de un pueblo cuando sus instituciones de movilidad social son empujadas al agotamiento.
La UPR nació y se desarrolló bajo una concepción pública de la educación superior. La Ley Núm. 2 de 1966 reconocía que la educación era uno de los puntales claves de la reestructuración social, cultural y económica del país, y afirmaba el propósito de ampliar oportunidades universitarias al menor costo posible para el estudiante. Esa ley buscaba fortalecer la autonomía fiscal universitaria y aumentar sus recursos para que la excelencia académica y la expansión de oportunidades caminaran juntas.
Más adelante, aquella fórmula presupuestaria creada por la Ley Núm. 2 de 1966 fue ampliándose y perfeccionándose hasta llegar a la conocida fórmula del 9.6%. En su origen, la ley estableció un mecanismo de financiamiento progresivo para la UPR: comenzando con el año económico 1968, se destinaría a la Universidad un 7.8% de ciertas rentas anuales del Estado, porcentaje que aumentaría gradualmente hasta alcanzar un 9% para el año fiscal 1971. Luego, mediante enmiendas posteriores, la fórmula llegó a disponer que, comenzando con el año fiscal 1997, la UPR recibiría una cantidad equivalente al 9.60% del promedio de las rentas anuales del Fondo General y de ciertos fondos especiales contributivos. Esa fórmula no era un capricho. Era una declaración de país: la universidad pública debía crecer con Puerto Rico, no mendigar ante cada ciclo político o fiscal.
La política de la Junta ha ido en dirección contraria. El caso del presupuesto certificado para el año fiscal 2026 revela hasta qué punto la autonomía universitaria queda subordinada a la lógica del ente fiscal. En la resolución de junio de 2025, la Junta determinó que el presupuesto propuesto por el Gobierno y la UPR no cumplía con el plan fiscal aplicable, y procedió a desarrollar y certificar su propio presupuesto para la Universidad. Ese presupuesto identificó ingresos totales por $1,210.262 millones, incluyendo $566.034 millones en asignaciones del gobierno central, ingresos operacionales, ayudas estudiantiles, fondos federales y otras fuentes. Pero el asunto no es solo la cifra total; el problema es la arquitectura política de la subordinación. La Junta no solo certifica partidas: condiciona desembolsos, limita reprogramaciones, impone aprobaciones previas y convierte la administración universitaria en una administración vigilada.
Ese control se observa con claridad en la retención de fondos condicionados. Para el año fiscal 2025, se informó que la Junta había reservado $102 millones y que una propuesta de moratoria de programas universitarios buscaba acceso a parte de esos fondos, aunque la Junta negó haber solicitado específicamente esa moratoria como condición. Para el presupuesto de 2026, la Junta estableció que aproximadamente $172 millones adicionales quedarían disponibles únicamente si la UPR cumplía ciertos hitos y si la Junta, en su sola discreción, confirmaba ese cumplimiento y autorizaba el desembolso. Esa palabra -“discreción”- es crucial. En ella se condensa la sustitución de la autonomía universitaria por un régimen de tutela fiscal.
Lo más grave no es únicamente el recorte material, sino el clima moral que produce. La austeridad no opera solo sobre los presupuestos; opera sobre la imaginación colectiva. Primero se dice que no hay dinero. Luego se repite que la institución es ineficiente. Después se contratan, se promueven o se amplifican voces presentadas como “técnicas” o “expertas” que, en no pocas ocasiones, provienen de antiguos secretarios de agencias gubernamentales, exfuncionarios públicos o políticos derrotados que ahora reaparecen como intérpretes de la austeridad.
Y es que bajo una supuesta neutralidad fiscal, muchos de ellos terminan funcionando como mercenarios económicos o testaferros discursivos del poder de la Junta de Control Fiscal: no vienen a imaginar soluciones para la Universidad ni para el país, sino a crear un clima de desasosiego, a sembrar la idea de que no hay alternativa y a preparar emocionalmente a la ciudadanía para aceptar como inevitable lo que en realidad es una decisión política orquestada desde la lógica del capital.
Así se fabrica la desesperanza. Se convence a estudiantes, empleados, profesores y familias de que la universidad pública es un lujo y no un derecho social. Así se convierte la crisis en argumento para achicar, consolidar, privatizar o desarticular.
La UPR no está libre de errores administrativos. Sería irresponsable negar la necesidad de reforma, transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y renovación académica. Pero una cosa es reformar la Universidad para salvarla, y otra muy distinta es asfixiarla para luego declararla inviable. La diferencia es ética. La reforma auténtica nace del amor institucional, de la inteligencia colectiva y de la participación de quienes conocen la Universidad desde adentro. La austeridad punitiva, en cambio, mira la institución como un gasto que debe comprimirse hasta que deje de incomodar al mercado.
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Desmontando la mentira: el Sistema de Retiro UPR como patrimonio de sus trabajadores…
El tema del Sistema de Retiro Universitario agrava esa preocupación y exige una defensa clara, documentada y sin titubeos. En el presupuesto certificado para 2026, la Junta de Control Fiscal incluyó una disposición sobre la reforma del sistema de pensiones: si la UPR no implementa la congelación del plan de beneficios definidos y el cambio hacia un plan de contribución definida, se necesitaría una aportación adicional de $4.1 millones mensuales, que tendría que financiarse con ahorros proporcionales en otras partidas.
Por otro lado, la Junta de Retiro de la UPR ha reclamado que la Universidad adeuda $146.8 millones al plan de retiro debido a años de aportaciones insuficientes, y ha advertido que el incumplimiento continuo representa un serio riesgo de insolvencia para el retiro y para la propia institución. Pero aquí debe afirmarse con toda claridad: los fondos de retiro no son botín fiscal, ni reserva para bonistas, ni variable de ajuste tecnocrático. Son salario diferido. Son la promesa hecha a quienes entregaron su vida laboral a la Universidad.
La propia Escritura de Fiducia del Sistema de Retiro establece que los activos del fondo fiduciario deben permanecer para el beneficio exclusivo de los participantes, retirados y beneficiarios, y para sufragar los gastos razonables de administración del plan; además, reconoce la obligación de la Universidad de mantener el fondo adecuadamente financiado y de unir esfuerzos para asegurar la solvencia y permanencia del plan.
Por eso resulta inaceptable que voceros contratados por la Junta de Control Fiscal ignoren esa escritura fiduciaria o, peor aún, la conozcan y la tergiversen. El Sistema de Retiro de la UPR no es una caja disponible para cuadrar presupuestos impuestos desde afuera ni para satisfacer intereses de bonistas. Es una institución fiduciaria con una finalidad protegida: garantizar la seguridad económica de los trabajadores universitarios que aportaron durante décadas a ese fondo. Además, cualquier intento de alterar sustancialmente la Escritura de Fiducia no puede imponerse como un acto unilateral de poder tecnocrático; tendría que respetar los procesos institucionales correspondientes y la autoridad de la Junta de Retiro de la UPR, entidad a la cual, mediante proceso judicial, se le adjudicó la fiducia del Sistema de Retiro.
La tensión entre el Sistema de Retiro y la Junta de Control Fiscal crece de manera exponencial precisamente porque la Junta pretende mirar esos fondos como si fueran recursos disponibles para otros fines, cuando en realidad pertenecen moral, laboral e institucionalmente a la gente de carne y hueso que sostuvo la Universidad con su trabajo. Si algo demuestra el Sistema de Retiro de la UPR es eficiencia, diligencia y profesionalismo en el manejo de los recursos económicos de sus participantes.
En definitiva, son trabajadores administrando exitosamente el dinero de los trabajadores. Y esa realidad desbanca una de las premisas más insistentes del neoliberalismo fiscal: la idea de que solo el capital privado puede administrar con eficiencia. El caso del Sistema de Retiro demuestra lo contrario. La administración fiduciaria del Retiro es un ejemplo vivo de cómo podrían manejarse los recursos de la Universidad de Puerto Rico fuera de los intereses que buscan empobrecerla, reducirla o llevarla a la quiebra.
Quien escribe no lo hace desde la ignorancia ni desde la consigna vacía, sino desde el conocimiento directo, ya que fui Representante de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez ante la Junta del Sistema de Retiro. Por eso sostengo que la UPR debe mirar seriamente el modelo administrativo del Sistema de Retiro como una lección institucional: una administración rigurosa, responsable, transparente y comprometida con las personas, no con los acreedores; con la comunidad universitaria, no con la lógica fría de la austeridad; con la vida concreta de quienes trabajan, enseñan, investigan y sostienen la Universidad, no con la matemática desalmada de quienes pretenden convertir la educación pública en una partida sacrificable.
En esa experiencia hay una enseñanza profunda para el país: la Universidad de Puerto Rico puede y debe administrarse con la misma seriedad, responsabilidad fiduciaria y compromiso humano con que la Junta de Retiro ha defendido los fondos de sus participantes.
De la austeridad neoliberal a la administración solidaria de la UPR. El cooperativismo como economía moral para rescatar la Universidad de Puerto Rico…
Por eso, ante la racionalidad neoliberal que reduce la vida pública a costo, deuda y rendimiento, Puerto Rico necesita proponer otra economía moral. Esa alternativa puede encontrarse en el cooperativismo. El cooperativismo parte de una pregunta profundamente humana: qué ocurre cuando las personas deciden organizar su vida económica y social sin poner el interés individual por encima del bien común. No se trata solo de una forma empresarial, sino de una manera distinta de entender la relación entre personas, recursos, trabajo, propiedad, poder, distribución, dignidad y participación. En una cooperativa, la economía no se separa de la democracia: quienes trabajan, ahorran, estudian, producen o consumen pueden asociarse para resolver juntos problemas comunes.
El cooperativismo no debe presentarse como una solución mágica. Y es que el cooperativismo requiere disciplina, educación, reglas claras, transparencia, mecanismos de control, participación real y cultura institucional. Pero precisamente por eso resulta pertinente para la UPR. Frente al modelo neoliberal que concentra poder en entidades externas, el cooperativismo propone distribuirlo. A la lógica especulativa en la cual quienes deciden no necesariamente trabajan ni viven las consecuencias de sus decisiones, el cooperativismo busca que quienes sostienen una comunidad participen también en sus decisiones. Frente a la idea de éxito como maximización de ganancia, propone criterios de sostenibilidad, estabilidad, justicia distributiva, continuidad del proyecto, calidad del servicio y beneficio común.
La experiencia de Mondragón, en el País Vasco, ofrece una referencia útil porque su universidad no nació como un proyecto aislado ni puramente mercantil, sino como parte de una tradición cooperativa iniciada en 1956 y orientada por valores como cooperación, participación, responsabilidad social, innovación, educación y transformación social. La Universidad de Mondragón fue creada en 1997 mediante la asociación de tres cooperativas educativas con trayectoria previa, y se concibió como una universidad cooperativa vinculada al desarrollo de su entorno, a la formación profesional y a la articulación entre educación, trabajo, empresa y comunidad. Su ejemplo no debe copiarse mecánicamente, pero sí permite imaginar una UPR fortalecida por redes cooperativas, capaz de seguir siendo pública, democrática y solidaria, mientras impulsa una economía puertorriqueña menos dependiente del lucro y más comprometida con el bien común.
Esa propuesta podría comenzar con proyectos concretos: cooperativas de servicios alimentarios universitarios; cooperativas de energía renovable en los recintos; cooperativas de mantenimiento, vivienda estudiantil, librerías, tecnología, agricultura, transportación y servicios culturales; alianzas entre la UPR y cooperativas de ahorro y crédito; incubadoras de empresas cooperativas desde los programas académicos; fondos rotatorios para estudiantes emprendedores; y una red de investigación sobre economía solidaria, bienes comunes y desarrollo comunitario. La UPR podría formar economistas, historiadores, ingenieros, agrónomos, educadores, administradores y trabajadores sociales capaces de pensar el desarrollo no desde la extracción, sino desde la cooperación.
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José María Arizmendiarrieta comprendió que la cooperación necesitaba educación, y que sin formación humana no hay transformación económica duradera. Charles Gide vio en las sociedades cooperativas una forma de corregir los excesos del capitalismo sin negar la organización económica. Elinor Ostrom demostró que las comunidades pueden gobernar bienes comunes mediante reglas, confianza y responsabilidad compartida. Paul Singer defendió la economía solidaria como alternativa democrática frente a la exclusión social. Todas esas lecturas ayudan a pensar una UPR que no se limite a resistir los recortes, sino que proponga otro país posible.
La discusión, entonces, no es simplemente si la UPR debe gastar más o menos. La pregunta verdadera es qué país quiere Puerto Rico construir. Si aceptamos la lógica de la Junta como horizonte final, la Universidad terminará reducida a una institución para quienes puedan pagarla, mientras los sectores pobres quedarán condenados a mirar desde afuera la casa que sus abuelos ayudaron a levantar. Pero si defendemos la UPR como bien común, como patrimonio democrático y como instrumento de movilidad social, entonces la respuesta no puede ser resignación. Tiene que ser imaginación institucional, fiscalización democrática, reforma desde adentro y economía solidaria.
Robert Mujica y la Junta pueden hablar el idioma del presupuesto, la deuda y los mercados. Puerto Rico debe responder con otro idioma más amplio: el de la historia, la justicia, la educación, la dignidad y la esperanza. Porque una universidad pública no se mide solamente por cuánto cuesta, sino por cuánto país salva. Y la UPR ha salvado demasiado al país como para entregarla mansamente a una tabla de Excel. Defenderla no es negar la necesidad de reforma; es afirmar que la reforma verdadera no puede nacer del desprecio, sino del compromiso. No puede nacer de la lógica del bonista, sino de la necesidad del estudiante. No puede nacer de la compañía de cobro, sino de la comunidad que todavía cree que estudiar es una forma de libertad.
Al final, la defensa de la UPR no puede agotarse en la destitución de una presidenta ni en el relevo de una figura administrativa, por más legítimos que sean los reclamos estudiantiles que, desde casi todos los recintos y con particular sacrificio en el Recinto Universitario de Mayagüez -donde me honro enseñar-, han exigido su renuncia y la restauración de la fórmula presupuestaria del 9.6%.
De la protesta a la reconstrucción de una nueva realidad histórica para la UPR. AURA-UPR: una reforma universitaria para respirar fuera de la asfixia neoliberal…
Esta lucha merece respeto, porque nace del amor a la Universidad y del cansancio acumulado ante años de precarización; pero también exige una mirada más profunda: si no transformamos la psiquis institucional de la UPR, si no cambiamos las lógicas que la han llevado a depender de los mismos mecanismos de austeridad, improvisación y subordinación fiscal, corremos el riesgo de repetir siempre lo mismo esperando resultados distintos, como advierte aquella sentencia tantas veces atribuida a Albert Einstein.
No basta con resistir el neoliberalismo; hay que construir una alternativa histórica superior. No basta con denunciar el recorte; hay que imaginar una universidad nueva, solidaria, cooperativista, democrática, ecológica y profundamente pública, capaz de enfrentar con todas las fuerzas de la razón y del alma una lógica mercantil que convierte la educación en mercancía, la naturaleza en botín y el futuro en deuda.
Si el consumismo neoliberal necesita cinco planetas para sostener su voracidad, la respuesta universitaria no puede ser imitarlo, sino fundar desde hoy otra forma de convivencia, otra economía moral, otra comunidad de saberes donde la solidaridad sustituya al lucro, la cooperación venza al individualismo y la Universidad vuelva a ser taller de justicia, no antesala del privilegio.
Que la defensa de la UPR sea, entonces, no solo una protesta necesaria ni un grito nacido del cansancio, sino el amanecer consciente de una reforma universitaria capaz de convocar a estudiantes, profesores, empleados, exalumnos, cooperativistas, comunidades y ciudadanos de buena voluntad a levantar, con esperanza activa, una nueva realidad histórica para Puerto Rico.
Esa alborada tiene nombre y horizonte: Asamblea Universitaria de Reconstrucción y Autonomía por la Universidad de Puerto Rico -AURA-UPR-. Porque AURA no es solo una sigla; es el aire nuevo que necesita la Universidad para respirar fuera de la asfixia neoliberal, es el abrigo colectivo de quienes se niegan a entregar la educación pública al mercado, es la luz primera de una UPR solidaria, democrática, cooperativista, autónoma y profundamente comprometida con el país que la fundó, la sostuvo y todavía la necesita.
