El Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico ha aprobado una resolución en la que solicita el respaldo de las autoridades y de la sociedad civil de las Islas Canarias para impulsar ante las Cortes Generales de España una ley de nacionalidad reparativa dirigida a los descendientes de puertorriqueños que perdieron su ciudadanía española tras la invasión de los Estados Unidos en 1898.
La propuesta, inspirada en la Ley de Nacionalidad para los Sefardíes de 2015, busca reconocer el derecho a la reintegración jurídica, personal y voluntaria, en régimen de doble nacionalidad, de quienes fueron desnaturalizados tras el cambio de soberanía ocurrido al término de la Guerra Hispanoamericana.
La Junta Directiva del Círculo, presidida por Wigberto Rivera Casañas, se reunió este sábado en Arecibo para debatir el tema y aprobó por unanimidad la moción. En el encuentro participó como invitado especial el jurista español Rafael Maldonado de Guevara Delgado, autor de la propuesta original presentada el pasado año en Madrid en un evento organizado por las Universidades Rey Juan Carlos y Carlos III.
El pronunciamiento del Círculo se produce tras el Congreso Internacional “Puerto Rico y España. De la ley de sefardíes a la propuesta de nacionalidad reparativa”, celebrado recientemente en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón bajo la coordinación de la profesora Nieve de los Ángeles Vázquez, de origen canario. El congreso reunió a cerca de 70 ponentes de distintos países para analizar las similitudes entre el caso puertorriqueño y el de los sefarditas, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492.
Un reclamo basado en la historia…
En su declaración, el Círculo de Amistad Canaria recuerda que los puertorriqueños eran ciudadanos españoles de pleno derecho al momento de la invasión estadounidense, con representación en las Cortes y con instituciones autonómicas propias. Subrayan que, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, Puerto Rico no libró una guerra de independencia contra España, sino que perdió la soberanía por una intervención militar extranjera, sin consulta popular sobre el Tratado de París de 1898, que supuso la pérdida forzosa de la nacionalidad española para cerca de un millón de personas.
El texto califica esta desnaturalización como “forzosa, ilegal, injusta y arbitraria” y resalta que, tras el cambio de soberanía, el pueblo boricua enfrentó un prolongado proceso de transculturación anglonorteamericana, del cual logró preservar su idioma y cultura hispánica “en un esfuerzo sostenido, consciente e intergeneracional”.
Finalmente, el Círculo apela a los lazos históricos, culturales y familiares que unen a Canarias y Puerto Rico, recordando que miles de isleños emigraron al Caribe desde el siglo XVIII y dejaron una profunda huella en la identidad puertorriqueña.
La organización solicita a las autoridades autonómicas canarias y a la ciudadanía del archipiélago que promuevan ante las Cortes de Madrid una legislación reparativa, amparada en los principios del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconozca el derecho a recuperar la nacionalidad española a los descendientes de los puertorriqueños desnaturalizados en 1898.
“Es hora de que España mire con justicia y fraternidad a los puertorriqueños que nunca dejaron de sentirse parte de su legado histórico y cultural”, señala la resolución del Círculo.
A continuación, la Resolución íntegra:
Resolución oficial del Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico
En la Muy Leal Villa de Arecibo, Puerto Rico, el 25 de octubre de 2025, reunida la Junta Directiva del Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico, bajo la presidencia de don Wigberto Rivera Casañas, por unanimidad de los reunidos se aprueba la siguiente
RESOLUCIÓN
La Junta Directiva del Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico, en nombre de la entidad, se dirige a los representantes de las Islas Canarias en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados y Senado españoles. Así como a las autoridades y representantes públicos del Gobierno y el Parlamento de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos. Diputación del Común, universidades, medios de comunicación, sindicatos y organizaciones empresariales, entidades canarias en el exterior, asociaciones culturales y deportivas y, en términos generales, a todos los sectores comprometidos con el acervo social y cultural de las Islas Canarias, en los siguientes términos.
La aplicación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, por la que España, con altura de miras y ánimo fraterno, está facilitando que numerosos de sus descendientes en el exterior recuperen la nacionalidad, ha demostrado fuertes limitaciones en cuanto a dar respuesta al concreto y especial caso de Puerto Rico.
Así, numerosas solicitudes legítimas de puertorriqueños están siendo denegadas bajo el pretexto de que los boricuas coetáneos al Tratado de París de 1898, por el que España se vio obligada a ceder la isla de Puerto Rico y sus habitantes a los Estados Unidos, no eran “españoles de origen”. Ello sin tener en consideración que los puertorriqueños, con vínculos de soberanía ininterrumpidos desde 1508 con la Corona de Castilla y el Estado español, contribuyeron durante cuatro siglos decisivamente a la historia común hispana.
Precisamente, este otoño se celebra el IV Centenario de la importante victoria hispanopuertorriqueña frente a los holandeses que intentaron expugnar San Juan en 1625, episodio señero en el contexto del Annus Mirabilis de la Monarquía Hispánica. También conmemoramos en estas fechas el 250 aniversario del nacimiento del prócer don Ramón Power y Giralt, natural de San Juan, quien fungió como vicepresidente primero y voz de Puerto Rico e Hispanoamérica en las Cortes de Cádiz; padre, por tanto, de la Constitución de Cádiz de 1812 y referente del constitucionalismo en lengua española. Igualmente, la reina Isabel II, a 19 de marzo de 1850, concedió a la villa donde nos encontramos, Arecibo, el título de Muy Leal por haber auxiliado con especial presteza y generosidad a los arsenales de la península.
Es más, los boricuas, al tiempo de la invasión de los Estados Unidos, eran ciudadanos españoles de pleno derecho, con voz y voto en el Congreso y en el Senado españoles; así como los únicos nacionales que gozaban de instituciones autonómicas propias, conforme al bloque constitucional conformado por la Constitución Española de 1876 y la Constitución Autonómica boricua de 1897.
El Tratado de París de 1898, por el cual se desnaturalizó de manera forzosa, ilegal, injusta y arbitraria a cerca de un millón de nacionales españoles de Puerto Rico, fue negociado, firmado y ratificado sin consultar a los puertorriqueños y con flagrantes vulneraciones del bloque constitucional por entonces vigente.
El artículo 9 del Tratado de París representó para los puertorriqueños el quebranto del derecho fundamental a su nacionalidad de origen y la pérdida de la ciudadanía sin que concurriese la adquisición de una nueva, lo cual estaba expresamente prohibido por el artículo 1.º de la Constitución española de 1876, que amparaba a los naturales de Puerto Rico. Más tarde, tales derechos serían consagrados en 1948 por el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, carta incardinada en el ordenamiento jurídico español a través del artículo 10.2 de la actual Constitución española de 1978.
Además, resulta destacable que el puertorriqueño es el único pueblo hispanoamericano que se desligó de la soberanía española por meras causas exógenas. Una intervención militar extranjera, sin que concurriese una guerra de independencia o un alzamiento armado que pusiera en riesgo cierto la soberanía de España.
Tras el Tratado de París, los puertorriqueños quedaron en un estado práctico de apatridia, sin amparo ni derechos ciudadanos. A los españoles desnaturalizados se les otorgó la ciudadanía de Puerto Rico mediante el art. 7 de la Ley Foraker, totalmente inoperante en el contexto internacional, al no disponer Puerto Rico de relaciones exteriores ni sistema consular. La carencia de una nacionalidad jurídicamente efectiva se mantuvo hasta que, en 1917, mediante la llamada Ley Jones, los Estados Unidos extendieron la ciudadanía ante su inminente entrada en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente necesidad de tropas.
Por otro lado, los puertorriqueños debieron afrontar en solitario durante décadas un decidido y forzoso proceso de transculturación anglonorteamericana. A pesar del olvido por parte de España, el pueblo de Puerto Rico, en un esfuerzo sostenido, consciente e intergeneracional, se afanó en mantener en condiciones muy difíciles la lengua española y la cultura hispánica. Lo cual fue reconocido por el propio Estado español mediante el otorgamiento del Premio Príncipe de Asturias de 1991.
Aquí resulta de justicia recordar que fue el legislador y educador, Dr. Héctor A. López Galarza, descendiente de canarios, quien impulsó el proyecto para declarar al español como idioma oficial de Puerto Rico. Lo cual fue sancionado mediante la ley de 5 de abril de 1991 y mereció la concesión del Príncipe de Asturias de las Letras.
Igualmente, en 1990 se había galardonado con el Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades sefardíes. Esto también por la preservación lingüística y cultural hispánicas. Este reconocimiento a los sefarditas desembocó en la Ley 12/2015, de 24 de junio. En materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. Por ello, resulta apropiado y lógico solicitar que el Príncipe de Asturias de 1991 al pueblo de Puerto Rico culmine también en una ley de nacionalidad reparativa específica.
En octubre de 2024, el jurista, periodista y profesor universitario español D. Rafael Maldonado de Guevara Delgado presentó una propuesta de ley de nacionalidad española reparativa y de reintegración jurídica personal y voluntaria, en régimen de doble nacionalidad, para los descendientes de los puertorriqueños que fueron desnaturalizados por el Tratado de París. La iniciativa fue lanzada en el “Congreso Internacional La proyección de España en el mundo. Pasado, presente y futuro (siglos XV-XXI)”, organizado por las Universidades Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid.
La propuesta ha sido amplificada recientemente por la Universidad de Puerto Rico. Más concretamente, por el Departamento de Humanidades del recinto de Bayamón. Que ha celebrado del 14 al 17 de octubre del presente 2025 el “I Congreso Internacional Puerto Rico y España. De la ley de sefardíes a la propuesta de nacionalidad reparativa para Puerto Rico”. El cual ha congregado a alrededor de 70 conferenciantes y ponentes de diversos países de las Américas, Europa y Asia, bajo la coordinación de la doctora Nieve de los Ángeles Vázquez, catedrática de Historia en la UPR de ascendencia canaria.
En términos resumidos, se trata de ofrecer un acceso extraordinario y limitado en el tiempo, por un plazo de tres años, para que los descendientes de los puertorriqueños desnaturalizados puedan recuperar la nacionalidad española, en régimen de simultaneidad con su ciudadanía actual y mediante un procedimiento administrativo tasado en donde el solicitante deba demostrar el conocimiento de la realidad social, cultural y constitucional de la España actual, estar libre de antecedentes penales y dominar la lengua española en caso de no residir en Puerto Rico u otro territorio de habla castellana.
El mantenimiento de lazos con los colectivos y las personas de origen canario es un principio transversal que informa por varias vías el Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias.
Así, el artículo 8 recoge el derecho de Las comunidades constituidas por personas de origen canario al reconocimiento de su identidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de las islas.
Incluso, el Estatuto consagra como principio general el favorecimiento del retorno, conforme al artículo 142.2 que mandata a las autoridades de las Islas Canarias el establecimiento de políticas públicas que favorezcan el regreso de los canarios que emigraron, así como el de sus descendientes.
Por otro lado, el artículo 6.3 establece que Los descendientes de canarios inscritos como españoles, si así lo solicitan, se considerarán integrados en la comunidad política autonómica.
En consonancia con el Estatuto, actualmente se encuentra en tramitación una nueva Ley de la Canariedad en el Exterior, que prevé importantes progresos sociales y normativos en relación con los descendientes de emigrados canarios.
El elemento canario es fundamental en el crisol de pueblos y culturas que configura la idiosincrasia puertorriqueña. Así, además de las evidentes similitudes dialectales y culturales, los estudios demográficos y genéticos atestiguan que un porcentaje muy significativo de los puertorriqueños disfruta de herencia canaria.
Por lo expuesto, apelando a la fraternidad canaria y a los principios que informan el Estatuto de autonomía en cuanto al reconocimiento de la identidad de las personas de origen canario. El Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico reclama afectuosamente a las autoridades y a la sociedad civil de las Islas Canarias que colaboren y promuevan activamente en la presentación, tramitación y aprobación en las Cortes Generales de una ley de nacionalidad española reparativa y de reintegración jurídica personal y voluntaria, en régimen de doble nacionalidad, para los descendientes de los puertorriqueños que fueron injustamente desnaturalizados por el Tratado de París de 1898.
En la seguridad de que las Islas Canarias serán sensibles a este llamado de memoria, justicia, dignidad y fraternidad, reciban un abrazo de sus hermanos canarios de Puerto Rico.
Puerto Rico, es España