Hay palabras que terminan diciendo mucho más de lo que significan en el diccionario. Autonomía es una de ellas en Puerto Rico. Durante más de un siglo ha nombrado aspiraciones de gobierno propio, proyectos políticos, fórmulas constitucionales y también profundas frustraciones. Lo curioso es que una palabra que en el siglo XIX se pronunciaba con orgullo haya llegado, en determinados momentos del debate contemporáneo, a manejarse con cautela, como si nombrarla acercara inevitablemente a otra palabra muy distinta: independencia. No es así.
La Real Academia Española define autonomía como la «potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios». La frase decisiva es «dentro de un Estado». La RAE define, en cambio, independencia, en su acepción política, como la «libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro». La diferencia es esencial: la autonomía presupone una relación política más amplia; la independencia supone que esa relación de subordinación estatal ha cesado. La autonomía pregunta cuánto puede gobernarse una comunidad a sí misma. La independencia pregunta si existe o no otra autoridad estatal políticamente superior. Confundir ambas palabras es borrar una distinción que la propia historia puertorriqueña estableció con bastante claridad.
Hubo una época en Puerto Rico en que un político podía proclamarse autonomista sin que nadie necesitara preguntarle si en realidad quería decir independentista. Román Baldorioty de Castro pertenece a esa tradición. El autonomismo puertorriqueño del último tercio del siglo XIX buscaba transformar profundamente la relación colonial con España mediante la conquista de amplios espacios de gobierno propio. No era una aspiración administrativa menor, pero tampoco equivalía, por definición, a separación.
Luis Muñoz Rivera continuó esa lucha y convirtió el autonomismo en programa político. Desde La Democracia defendió una reorganización sustancial de la relación con España. El lenguaje era inequívoco: autonomismo, no independentismo; autonomismo, no separatismo; autonomismo, no anexión. Aquella tradición desembocó en la Carta Autonómica de 25 de noviembre de 1897. Puerto Rico recibió entonces importantes facultades de gobierno propio sin convertirse en un Estado independiente. La experiencia duró poco. La Guerra Hispanoamericana y el cambio de soberanía de 1898 interrumpieron abruptamente aquel proceso, pero la pregunta sobrevivió.
España salió de Puerto Rico, pero permanecieron las preguntas fundamentales: ¿quién gobierna?, ¿sobre qué asuntos?, ¿con qué autoridad?, ¿hasta dónde alcanza el poder de las instituciones puertorriqueñas?, ¿quién tiene la última palabra cuando ambas jurisdicciones entran en conflicto? Esas preguntas atravesaron la Ley Foraker de 1900, la Ley Jones de 1917, la elección del gobernador por el pueblo, la Ley 600 de 1950 y finalmente la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952. Cambió la potencia soberana, cambiaron las instituciones y cambió el lenguaje, pero el problema fundamental siguió siendo la distribución del poder político. Por eso el Estado Libre Asociado puede estudiarse históricamente dentro de una larga discusión sobre autogobierno y autonomía.
En esa trayectoria, los Congresos Pro Independencia de la década de 1940 constituyeron un punto de inflexión que ayuda a distinguir, también en el terreno partidista, entre autonomía e independencia. El Primer Congreso Pro Independencia se celebró el 15 de agosto de 1943 en el Parque Sixto Escobar y reunió a independentistas de diversas procedencias políticas, incluidos sectores vinculados al Partido Popular Democrático. El Segundo Congreso, celebrado en diciembre de 1944 y presidido por Gilberto Concepción de Gracia, procuró articular un frente amplio a favor de que la independencia fuese sometida a la decisión del pueblo. Sin embargo, a medida que el liderato del PPD se distanció de esa alternativa y encaminó su proyecto hacia una fórmula de mayor autogobierno y vinculación con Estados Unidos, la convivencia entre populares independentistas y la dirección del partido se hizo cada vez más difícil. La evolución de los Congresos Pro Independencia, unida a esa ruptura política, desembocó en la creación del Partido Independentista Puertorriqueño el 20 de octubre de 1946, bajo el liderato de Concepción de Gracia. El episodio es especialmente revelador para este ensayo: desde entonces, la independencia contó con una organización electoral propia, mientras el Partido Popular Democrático avanzó por una ruta autonómica que culminaría en el Estado Libre Asociado. Autonomía e independencia no solo eran conceptos distintos; en aquellos años terminaron expresándose también mediante proyectos partidistas diferenciados.

Y aquí aparece Luis Muñoz Marín. Y resulta especialmente revelador regresar a los documentos de 1953. En una comunicación dirigida al presidente de Estados Unidos y luego incorporada a documentación de las Naciones Unidas, Muñoz Marín describió expresamente la evolución política de Puerto Rico como un proceso mediante el cual había aumentado el «grado de autonomía» del país. No utilizaba la palabra accidentalmente. Estaba explicando internacionalmente la naturaleza del nuevo régimen político. El principal arquitecto del Estado Libre Asociado no necesitaba esconder la palabra autonomía ni sustituirla por un eufemismo; la utilizaba para explicar lo que, a su juicio, Puerto Rico había alcanzado.
De ahí surge una pregunta inevitable: ¿en qué momento los herederos políticos de Baldorioty de Castro, Luis Muñoz Rivera y Luis Muñoz Marín comenzaron a tener que explicar que ser autonomista no significa ser independentista? Ahí comienza la parte verdaderamente interesante del problema.
Puerto Rico terminó convirtiendo la discusión del estatus en una especie de plebiscito permanente, incluso cuando no había plebiscito. Las palabras dejaron de funcionar solamente como conceptos y comenzaron a utilizarse como distintivos políticos. «Soberanía» podía despertar inmediatamente sospechas de independentismo; «unión permanente» podía asociarse con estadidad; «asociación» podía confundirse con libre asociación; y «autonomía» podía provocar la pregunta de hasta dónde se pretendía llevar el autogobierno. El lenguaje comenzó así a empobrecerse. En vez de preguntar qué significa una palabra, muchas veces se pregunta primero quién la pronuncia. Y cuando las palabras se convierten en uniformes partidistas, el debate intelectual pierde precisión.
Eso no significa que el autonomismo haya desaparecido completamente del estadolibrismo. Hay sectores contemporáneos que han recuperado expresamente el concepto y vuelven a hablar de mayor autonomía. Por eso quizás la pregunta más fecunda no sea «¿por qué los estadolibristas temen la palabra autonomía?», sino esta otra: ¿por qué una palabra que estuvo en el corazón mismo de esa tradición política llegó a necesitar tantas explicaciones?
Tal vez el problema no sea la palabra. Tal vez el problema sean las preguntas que provoca. Hablar seriamente de autonomía obliga a precisar qué poderes pertenecen realmente a Puerto Rico, cuáles dependen de la autoridad federal, qué asuntos puede decidir el gobierno puertorriqueño sin intervención de Washington, cuáles no, si puede el Congreso modificar unilateralmente determinadas facultades y hasta dónde puede ampliarse el autogobierno sin transformar la naturaleza fundamental de la relación política. Esas preguntas son mucho más difíciles que la palabra autonomía. Y quizá ahí radique el verdadero temor: no en que autonomía signifique independencia —porque históricamente no lo significa—, sino en que obliga a examinar con demasiada claridad cuánto poder tiene Puerto Rico y cuánto no tiene.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Puerto Rico v. Sánchez Valle volvió a plantear el problema de la procedencia del poder político. Conviene ser preciso: aquel caso no pretendía resolver de manera absoluta la naturaleza del estatus de Puerto Rico. La controversia se produjo dentro de la doctrina constitucional de la doble exposición. Pero la pregunta utilizada por el Tribunal resulta significativa: ¿cuál era la fuente última de la autoridad bajo la cual Puerto Rico ejercía determinada facultad penal? El Tribunal concluyó que, para efectos de aquella doctrina, Puerto Rico y Estados Unidos no derivaban ese poder de fuentes soberanas distintas.
La lección conceptual es importante. Una comunidad puede tener Constitución propia, gobernador electo, legislatura, tribunales e instituciones de gobierno y, sin embargo, seguir enfrentando otra pregunta distinta sobre la fuente última de sus poderes. Eso no significa que el autogobierno sea inexistente. Significa que autogobierno, soberanía e independencia no son términos intercambiables.
La Ley PROMESA de 2016 y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal volvieron todavía más concreta la discusión. Ya no se trataba solamente de teoría constitucional. La intervención de una entidad creada mediante legislación federal sobre asuntos centrales de las finanzas públicas puertorriqueñas hizo visibles, para una nueva generación, los límites del poder del gobierno local. Si autonomía significa capacidad de autogobierno, cualquier intervención federal de esa magnitud obliga a preguntar por la extensión real de esa autonomía. Y aquí aparece una de las grandes paradojas del Estado Libre Asociado: Puerto Rico posee autogobierno, pero ese autogobierno tiene límites externos. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas simultáneamente. La dificultad política ha consistido muchas veces en explicar ambas.
Parte del debate político puertorriqueño funciona mediante asociaciones sucesivas. Si alguien pide mayor autonomía, se le pregunta si busca soberanía. Si habla de soberanía, se le pregunta si favorece la libre asociación. Y si menciona libre asociación, se le presenta de inmediato como independentista. Se construye así una especie de pendiente inevitable: autonomía, soberanía, libre asociación, independencia. Pero esa cadena no es una conclusión histórica; es una construcción retórica.
Baldorioty fue autonomista sin ser simplemente un independentista disfrazado. Luis Muñoz Rivera también. La Carta Autonómica de 1897 institucionalizó una fórmula de autogobierno sin crear un Estado independiente. Y Luis Muñoz Marín utilizó expresamente la autonomía para explicar el desarrollo político del Estado Libre Asociado. Por eso pronunciar autonomía no equivale a profesar independentismo.
Y es que reconocer esa diferencia no significa idealizar el concepto. La autonomía puede ser extensa o limitada; puede estar constitucionalmente protegida o depender de legislación ordinaria; puede ser bilateral o modificable unilateralmente; puede abarcar materias fiscales, culturales, administrativas o judiciales en grados muy distintos. Por eso aseverar, simplemente que Puerto Rico «tiene autonomía» tampoco resuelve nada. La pregunta seria es otra: ¿qué poderes puede ejercer Puerto Rico por sí mismo, cuáles no, quién estableció esa distribución y quién puede modificarla? Ahí comienza el análisis verdadero.
Hay algo profundamente paradójico en todo esto. En el siglo XIX, cuando Puerto Rico poseía muchísimo más autogobierno que hoy, los autonomistas pronunciaban con orgullo la palabra autonomía. En el siglo XXI, después de una Constitución propia, elecciones, legislatura, tribunales e instituciones locales consolidadas, el término a veces parece necesitar aclaraciones para no ser confundido con independencia. La palabra que originalmente servía para distinguirse del separatismo terminó, en ocasiones, siendo presentada como si condujera necesariamente hacia él. La historia dice otra cosa.
La tradición autonomista nació precisamente de la idea de que era posible reclamar mayor capacidad de gobierno propio sin romper necesariamente la relación política con un Estado mayor. Podrá discutirse si ese proyecto era viable. Podrá discutirse si todavía lo es. Podrá discutirse cuánto puede desarrollarse dentro del orden constitucional estadounidense. Pero una cosa es discutir su viabilidad y otra muy distinta alterar el significado de las palabras.
Tal vez haya llegado el momento de rescatar tres conceptos del cautiverio partidista: autonomía, soberanía e independencia. La autonomía pregunta: ¿cuánto podemos decidir por nosotros mismos? La soberanía pregunta: ¿dónde reside la autoridad política suprema? La independencia pregunta: ¿dependemos políticamente de otro Estado? Son preguntas relacionadas, pero no idénticas. Una comunidad puede tener autonomía sin independencia. Puede ejercer determinados poderes propios sin constituirse en Estado soberano independiente. Y un Estado independiente, precisamente por serlo, no reconoce otro Estado como autoridad política superior. Confundir estas categorías puede servir para ganar una discusión partidista. Pero sirve muy poco para comprender la historia.
Puerto Rico necesita recuperar la autonomía como concepto histórico y político, no como contraseña electoral. Hablar de autonomía no obliga a defender el Estado Libre Asociado. Tampoco obliga a rechazarlo. No convierte a nadie en independentista ni en estadista. Obliga, simplemente, a estudiar con precisión la distribución del poder. Baldorioty pertenece a esa historia. Muñoz Rivera pertenece a esa historia. La Carta Autonómica pertenece a esa historia. Muñoz Marín también. Y borrar la palabra porque pueda resultar incómoda equivaldría, paradójicamente, a borrar una parte importante de la propia genealogía intelectual del estadolibrismo.
Los pueblos no solamente heredan territorios, instituciones y monumentos. También heredan palabras. Y algunas contienen siglos enteros de luchas. La autonomía es una de ellas. La pronunciaron quienes buscaban arrancarle espacios de poder a la administración española. Baldorioty la convirtió en doctrina. Muñoz Rivera en programa político. La Carta Autonómica de 1897 le dio forma institucional. Sobrevivió al cambio de soberanía de 1898. Y Muñoz Marín volvió a utilizarla para explicar el proceso político que condujo al Estado Libre Asociado.
¿Por qué habría entonces que temerle? Quizás porque las palabras importantes obligan a pensar. Decir autonomía obliga a preguntar cuánto poder poseemos. Decir soberanía obliga a preguntar de dónde procede ese poder. Decir independencia obliga a preguntar si existe otro Estado por encima del nuestro. Son preguntas distintas. Puerto Rico debe poder formularlas sin convertir cada palabra en una acusación. La democracia se empobrece cuando las palabras dejan de nombrar ideas y comienzan solamente a clasificar adversarios.
Por eso acaso convenga regresar a la afirmación más sencilla: autonomía no es independencia. Puede ser amplia o limitada, satisfactoria o insuficiente, robusta o vulnerable. Puede ser defendida, criticada, ampliada o rechazada. Pero la palabra independencia significa otra cosa. Y reconocer esa diferencia no resuelve el problema del estatus de Puerto Rico. Hace algo anterior y acaso indispensable: nos devuelve un lenguaje suficientemente preciso para poder discutirlo. Porque un pueblo que aspira a decidir su futuro necesita primero tener el valor intelectual de llamar a las cosas por su nombre.


