Droga y narcotráfico: la peste medieval de la posmodernidad (con el Gabo a contraluz)

La tarde huele a salitre y a tinta fresca. En el Caribe, las epidemias viejas no mueren: mudan de forma. La pólvora de otros siglos cambió por un polvo más fino que se mete por las fronteras como brisa de mar y enferma a los puertos más ricos. En esa geografía de fiebres, Gabriel García Márquez nos dejó una metáfora con vocación de diagnóstico: las drogas son la peste medieval de nuestro tiempo, y solo una respuesta global —sin excepciones— podría romper su hechizo. La escena está filmada en 1995 para TVE; Gabo conversa con Ana Cristina Navarro, y mientras repasa su vida insiste en el ángulo que menos gusta a los poderosos: el problema no es solo “allá”, en los sembradíos; el mercado que paga y la hipocresía que predica también llevan uniforme. La cinta —archivo y advertencia— sigue disponible: una hora exacta, 24 de septiembre de 1995.

Esta columna no es una defensa de Nicolás Maduro. Lo digo con toda claridad: se trata de una figura controversial, muy distanciada de la etapa de Hugo Chávez y rodeada por sombras sobre el manejo de procesos electorales en su país. Esas controversias, por cierto, atañen primero a los venezolanos; quienes miramos desde lejos podemos opinar, pero no sustituir su deliberación soberana. Dicho esto, conviene separar el ruido del expediente. Existen acusaciones penales presentadas en Estados Unidos contra Maduro —desde 2020— por cargos de narcoterrorismo y conspiración para tráfico de drogas; también hay recompensas ofrecidas por el Departamento de Estado. Todo eso es verificable. Pero acusación no es sinónimo de condena: hasta hoy, no hay un veredicto judicial que pruebe en corte que el presidente venezolano dirija el narcotráfico mundial, y confundir una cosa con la otra empobrece el debate público.

Si miramos el mapa real de la cocaína, los propios informes de la ONU describen otro cuadro: la producción se concentra abrumadoramente en Colombia, Perú y Bolivia, y el mercado global viene rompiendo récords en producción, incautaciones y consumo. En 2023–2024, la fabricación alcanzó máximos históricos y el número de usuarios creció con fuerza en la última década. Los grandes mercados de consumo —Norteamérica y Europa occidental/central— sostienen el precio y moldean las rutas. El Caribe, la Amazonía, los puertos del Atlántico y del Pacífico giran sus compases logísticos según esa música de la demanda. Venezuela aparece, sí, como ruta de tránsito atractiva para redes ilícitas por su posición geográfica y por vulnerabilidades institucionales; pero eso no equivale a clasificar al país, sin sentencia y por decreto mediático, como “narco-Estado”. Las palabras importan, sobre todo cuando se confunden con etiquetas judiciales que no existen.

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La hipocresía, ese personaje secundario que en la literatura siempre acaba siendo protagonista, mira desde los centros de alto consumo con una ceja levantada. La retórica de “mano dura” y muros —que Donald Trump convirtió en lema— se estrella con una realidad elemental: Estados Unidos es, sobre todo, gran mercado consumidor; no controla la producción (salvo en sintéticos), y mientras su demanda sea inmensa, la oferta encontrará rutas nuevas, puertos más lejanos, contenedores más creativos. Cambiar de atajo no cura la peste; solo la desplaza.

Y por qué no hablar de medicación, es decir, medicar la adicción como asunto de salud pública. Volver a lo básico: prevención temprana, tratamiento digno, reducción de daños, regulación inteligente; menos espectáculo punitivo y más política basada en evidencia. La ONU y sus informes de drogas lo vienen recordando: la represión por sí sola no reduce la demanda; a largo plazo funciona mejor el conjunto de medidas sanitarias y educativas sostenidas. El resto —certificaciones, aspersiones, consignas— es ruido que funciona en campaña, pero no en la vida.

Hay otra palabra gemela que suma a la confusión: mediatización. El narcotráfico se convierte a menudo en serie de televisión donde los héroes son siempre externos y los villanos siempre tropicales; se exhibe la violencia de los productores y se oculta la comodidad de los consumidores. El Gabo lo dijo con rudeza de periodista: en su época, los medios norteamericanos sabían todo del narco en Colombia —porque los colombianos lo investigaban con riesgo de vida—, pero sabían poco o nada del narco dentro de Estados Unidos.

Esa asimetría de relato sigue intacta: solemos narrar el mal “allá”, mientras callamos el engranaje “acá”. Y, sin embargo, el dinero se lava en bancos globales, los precursores químicos navegan mares legales, y la evasión fiscal baila con el capital ilícito en los mismos salones. La peste no es solo de los enfermos; es también de quienes venden los ungüentos y de quienes hacen dinero con la cuarentena.

Devolver la seriedad al tema exige dos honestidades. La primera: reconocer lo que sí está probado —las acusaciones formales, las rutas de tránsito, las grietas institucionales— sin convertirlo en dogma geopolítico ni en caricatura. La segunda: aceptar que el corazón económico del negocio late en los mercados de mayor poder adquisitivo. Allí se fija el precio que hace rentable cultivar, procesar, traficar, corromper y matar. Cuando esos mercados miran hacia otro lado —o trasladan toda la culpa al Sur—, se parecen a los viejos concejos medievales que ponían velas a los santos mientras no limpiaban las aguas de la ciudad. Las pestes, nos enseñaron que la historia, no obedecen sermones; ceden cuando la ciudad entera cambia su higiene.

¿Y Venezuela? Reitero: no defiendo a Maduro; tampoco doy por probado en tribunales lo que aún no lo está. Me interesa otra cosa: pensar con rigor. Si el mundo realmente quisiera una salida, escucharía la provocación de Gabo: la palabra “legalización” no es licencia para el caos, sino una fórmula extrema que solo tendría sentido como acuerdo planetario —sin excepciones—, porque una grieta basta para que el contrabando vuelva a anidar. ¿Es políticamente posible? Tal vez no a corto plazo: los intereses son demasiados grandes y poderosos, la renta es enorme, la cobardía también. Pero cerrar esa conversación con exorcismos y aspersiones de glifosato es, a estas alturas, negar la evidencia empírica y rendirle culto a la peste.

En el Caribe, los buques no solo se anuncian con sirenas: a veces lo hacen con conferencias de prensa y mapas de operaciones. Desde que Donald Trump insinuó públicamente que “no descartaba una opción militar” para Venezuela —aquella frase de agosto de 2017 que descolocó a medio continente— la idea de una intervención quedó flotando como humedad tropical: invisible a ratos, pero siempre presente. A esa retórica la acompañaron “shows of force” medibles: despliegues navales y aéreos, y operaciones ampliadas de contranarcóticos en el Caribe anunciadas por la Casa Blanca en 2020, con el Pentágono y el Comando Sur como telón de fondo. La señal fue clara: Washington quería que Caracas —y todo el vecindario— vieran y sintieran el músculo, aunque el propio Departamento de Defensa, por momentos, matizara que no había órdenes operativas para invadir.

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Tomar en serio una invasión exige, sin embargo, mirar el tablero completo. En el orden material, Estados Unidos y Venezuela mantienen un vínculo energético que, aun con sanciones, nunca se evaporó del todo: licencias puntuales permitieron a Chevron reanudar volúmenes limitados de crudo, y las idas y vueltas regulatorias de la Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) han oscilado entre alivios temporales y restricciones renovadas. Cualquier choque bélico —o incluso la mera antesala de uno— alteraría envíos, seguros marítimos, rutas y precios, con un impacto inmediato en mercados ya sensibles. No es ideología: es logística y riesgo. Por eso mismo, una intervención no solo sería un terremoto político; sería también un cataclismo energético que Washington tendría que “costear” interna y externamente.

La demostración de fuerza es lenguaje; la invasión, gramática irreversible. Entre una y otra media un abismo de costos: diplomáticos, militares, comerciales y humanos. Y aquí conviene la prudencia: Estados Unidos puede hacer “presencia avanzada” y enviar mensajes con portaaviones, fragatas y vuelos estratégicos; Caracas puede responder con ejercicios y discursos de resistencia; los mercados, mientras tanto, descuentan escenarios y se inquietan. Pero convertir esa coreografía en guerra abierta implicaría asumir que el caos petrolero resultante es políticamente administrable, algo que hoy no está nada claro. Por eso, cuando Trump insinúa y el Pentágono exhibe músculo, la lectura responsable sigue siendo la del escepticismo informado: reconocer el show of force por lo que es —presión y disuasión— y admitir que, con crudo en juego y una economía global en vilo, una invasión sería una apuesta de altísimo costo y retorno imprevisible. En este tablero, más que fanfarrias, pesan los barriles.

A manera de conclusión, en nuestras islas y ciudades toca una ética mínima: tratar al adicto como paciente, al dato como dato, y al adversario como contrincante y no como hereje. Si insistimos en relatos de cruzada y santos inocentes, seguiremos multiplicando mártires y fracasos.

El Gabo nos enseñó que las pestes no se conjuran con exorcismos sino con lucidez compartida: reconocer que el problema es mundial y que nadie puede lavarse las manos —ni gobiernos que acusan sin sentencia ni consumidores que niegan su rol—. Solo así, como en las viejas crónicas donde el realismo mágico hacía visible lo que la costumbre ocultaba, el sol puede volver a entrar por la ventana y la peste empezar a retirarse.

Porque la brisa que entra por el puerto es la misma que sopla en los rascacielos; y mientras la demanda siga siendo viento en popa, los barcos volverán a zarpar. La literatura del Gabo no nos dejó un hechizo, sino un modo de mirar sin hipocresías: nombrar la peste por su nombre, encarar sus alquimias económicas y, con acuerdo de mundo entero, sanear la ciudad. Empecemos por ahí.