Me gustaría comenzar este ensayo aclarando que la función del Historiador Oficial no es dictar una “política” de la memoria ni, mucho menos, ejercer censura o repartir permisos morales sobre el pasado. Muy al contrario, nuestra responsabilidad pública es promover una visión histórica amplia, crítica y rigurosa: una que vaya más allá de la crónica inmediata, del dato suelto y de lo meramente llamativo, y que sostenga la discusión con método, contexto y evidencia.
En Puerto Rico ha crecido de forma notable el interés por la historia y, con él, la presencia de profesionales y gestores culturales que la comunican en múltiples plataformas. Ese dinamismo es valioso. Pero precisamente por esa proliferación —y por la velocidad con que hoy circulan interpretaciones— se vuelve indispensable insistir en una mirada historiográfica capaz de evaluar los acontecimientos más allá de las efemérides y del documento aislado. La disciplina histórica exige, además del archivo, una teoría de la historia y un marco interpretativo que permitan interrogar las fuentes con rigor académico, contrastar categorías, reconocer silencios, y distinguir entre lo que la evidencia dice y lo que nosotros inferimos.
Desde esa premisa, el vídeo publicado en la plataforma Instagram de Memoria (De) colonial, al releer Instrucción pública y medidas económicas (1856/1873) de Román Baldorioty de Castro, José Julián Acosta y Manuel Urréjola, y al ponerlo en diálogo con el ensayo de María del Carmen Baerga, nos recuerda que estos textos —leídos en conjunto— son piezas indispensables para comprender las gramáticas de “progreso”, ciudadanía y racialización que atravesaron el siglo XIX puertorriqueño. En ese marco, el trabajo de Baerga no solo es valioso: es una joya interpretativa que permite situar el problema en una clave historiográfica crítica y contemporánea, evitando tanto la sacralización de las figuras como el atajo de los juicios morales, y devolviéndonos, con rigor, la complejidad histórica de la época.
En los días conmemorativos —como el natalicio de Román Baldorioty de Castro- reaparece una tensión conocida: cómo sostener una memoria pública que reconozca contribuciones políticas decisivas sin convertir a sus protagonistas en figuras inmunes al examen crítico. El reciente señalamiento hecho en redes sociales, a propósito del texto Instrucción pública y medidas económicas (22 de noviembre de 1856; reimpreso en 1873), es útil precisamente porque obliga a mirar de frente una evidencia primaria incómoda: en ese impreso, al defender la inmigración como vía para “aclimatar” saberes y fomentar el desarrollo, los firmantes excluyen de manera tajante -y con un vocabulario abiertamente despectivo- a los “paganos repugnantes” de la India y el Asia y a los “negros salvajes” del África, proponiendo en cambio “fuentes más puras” asociadas a procedencias europeas.
Más adelante, al discutir la “colonización”, se descarta de modo explícito la inmigración africana o asiática como contraria a los “verdaderos intereses” de la Provincia, y se insiste en el “aumento rápido de la población inteligente” mediante compañías de inmigración europeas y el traslado subvencionado de familias “europeas o canarias”.²
Estas formulaciones no son un simple “detalle de época” ni una curiosidad retórica: expresan una jerarquización de cuerpos y orígenes que entrelaza economía, civilización y raza dentro de un mismo horizonte modernizador. Sería metodológicamente pobre, sin embargo, saltar de ahí a un dictamen total como si el documento por sí solo agotara la trayectoria política de Baldorioty o de Acosta, o como si bastara para clausurar la complejidad de sus posiciones en torno a la abolición y la ciudadanía.
El problema no es discutir el racismo en las fuentes; el problema es hacerlo de manera que la discusión se reduzca a una etiqueta única que lo explica todo. En el caso del video, por ejemplo, la palabra “blanqueamiento” funciona más como categoría interpretativa que como cita textual, y por eso exige un procedimiento cuidadoso: precisar qué parte se sostiene directamente en la evidencia primaria y qué parte depende de un marco analítico posterior.
En este punto, el trabajo de María del Carmen Baerga ofrece un lente particularmente provechoso para evitar dos atajos opuestos: el de la absolución que neutraliza el racismo (“era solo economía”) y el de la condena que aplana la historia (“todo era un proyecto coherente de exclusión racial”). Baerga recuerda que la raza, aunque carezca de fundamento ontológico como esencia biológica, es real en tanto opera socialmente, organiza identidades y estructura relaciones; su significado se produce en procesos históricos de racialización.
Leer el texto de 1856 desde ese enfoque permite formular una observación más fina y sobre todo pertinente: el lenguaje de “fuentes más puras” y la oposición entre Europa y Asia/África no son meras preferencias migratorias “técnicas”, sino una forma concreta de racializar el proyecto de modernización, adjudicando “costumbres y saber” a unos cuerpos y degradando otros como amenaza o “contradicción” para el orden social que se aspira a consolidar.
A la vez, Baerga muestra que, tras la abolición, sectores de la élite puertorriqueña rearticularon su proyecto modernizador apropiando discursos médico-científicos (higiene social, salud pública, eugenesia) para establecer parámetros sobre capacidad, ciudadanía y “mejoramiento” del cuerpo social. Esa trayectoria histórica -del vocabulario liberal de civilización y progreso a gramáticas más sistemáticas de clasificación biopolítica- no debe confundirse ni proyectarse mecánicamente hacia 1856; pero sí ayuda a comprender que el “mejoramiento” no fue un concepto inocuo y que, con frecuencia, cargó una dimensión racial y de control social. En lugar de “bajar del pedestal” por impulso moral, lo que corresponde es repensar la memoria: reconocer aportes políticos sin sacralizarlos, y confrontar las limitaciones -incluidas las raciales- sin convertirlas en el único lente desde el cual se interpreta una época entera.
Por eso, el debate no se resuelve con el dilema de juzgar o no juzgar “con el lente del presente”, sino con una exigencia más básica: leer con contexto. Contexto no significa excusa; significa reconstruir el mundo social e intelectual que hace posibles ciertas frases, rastrear sus consecuencias, comparar con otras posiciones contemporáneas y evitar el anacronismo de atribuir a una pluma un programa completo que el documento no formula con esa nitidez. En asuntos como la raza -siempre atravesados por heridas históricas y por memorias vivas- el rigor no se opone a la sensibilidad: la sostiene. No se trata de absolver ni de cancelar, sino de aprender a leer el pasado sin amputarle su complejidad.
