El viernes 21 de agosto de 2026, bajo el sol inmóvil de los predios del Capitolio de Puerto Rico, una mujer sostenía un asta en la que dos banderas parecían conversar con el viento: la puertorriqueña y la palestina. Estaba sola, pero no estaba sola. A su espalda, la cúpula blanca -tan acostumbrada a representar la solemnidad del poder- asomaba entre las palmas como una luna de mármol; delante de ella, la avenida extendía su río de automóviles. De vez en cuando, una bocina quebraba el mediodía. No era estrépito: era una respuesta. Cada claxon llevaba, por un instante, la forma de un saludo, de un asentimiento, de una mano tendida desde una ventanilla a miles de millas de Gaza.
Había en aquella escena algo de realismo mágico, no porque fuera irreal, sino porque la realidad, cuando se niega a aceptar la indiferencia, adquiere una intensidad que parece milagro. Las dos banderas se levantaban sobre el asfalto como si el Caribe y la costa palestina de Gaza hubieran decidido encontrarse en aquella esquina de San Juan como si la brisa salada trajera consigo el polvo de los edificios derruidos, las voces de las madres y el silencio de los niños que el mundo ha aprendido a contar como cifras. La mujer no pronunciaba un discurso. Su presencia era suficiente: un cuerpo frágil frente a la velocidad, una conciencia quieta frente al tránsito, una pregunta plantada ante el poder.
Puerto Rico no ha vivido la espiral de destrucción que hoy devora a Gaza, pero tampoco es una isla sin memoria de la violencia ejercida desde arriba. En nuestro archivo nacional todavía resuenan los disparos de la Masacre de Ponce de 1937 y el zumbido de los aviones que bombardearon Utuado y Jayuya en 1950. Esas heridas no autorizan equivalencias mecánicas ni diluyen las diferencias históricas; sí nos enseñan que ningún pueblo debe acostumbrarse a mirar el dolor ajeno como espectáculo distante. Quizás por eso, entre el Capitolio y la carretera, el breve diálogo de las bocinas dijo más de lo que parecía: la solidaridad puede comenzar en una sola persona y, aun así, convocar la memoria moral de un país entero. Desde esa imagen nace la pregunta que este ensayo desea sostener: ¿qué responsabilidad corresponde a quienes, pudiendo ver, escuchar y actuar, eligen no hacerlo?
Del gesto solidario al juicio de la historia
En la película: Vencedores o vencidos (Judgment at Nuremberg, Stanley Kramer, 1961), el abogado defensor Hans Rolfe -personaje interpretado por Maximilian Schell- formula una de las preguntas más incómodas del cine histórico: si los jueces alemanes sentados en el banquillo son culpables, ¿qué responsabilidad corresponde a quienes, fuera de Alemania, pactaron, concedieron respetabilidad, comerciaron o encontraron provecho en el ascenso del régimen nazi? La pregunta no absuelve a los perpetradores. Tampoco disuelve la responsabilidad específica del Estado nazi, de sus dirigentes, de sus funcionarios, de sus empresarios colaboradores ni de quienes ejecutaron el exterminio. Pero obliga a mirar la zona más amplia de la complicidad: aquella en la que la violencia masiva se vuelve posible porque otros la toleran, la administran, la financian, la justifican o la contemplan como un costo ajeno.
La fuerza de ese alegato cinematográfico no reside en que cada una de sus frases sea históricamente exacta. No lo es. La película es una obra de ficción dramática, no una transcripción de los Juicios de Núremberg ni un expediente documental. Precisamente por ello conviene usarla como puerta de entrada a una investigación, y no como prueba. Su valor historiográfico está en plantear un problema: ¿hasta dónde llega la responsabilidad internacional cuando un poder político anuncia sus propósitos, deshumaniza a una población, destruye las salvaguardas jurídicas y convierte el sufrimiento civil en instrumento de gobierno?
Este problema no autoriza comparaciones fáciles entre el Holocausto y Gaza. Cada proceso histórico posee actores, cronologías, instituciones, escalas y modalidades de violencia propias. La comparación rigurosa no iguala hechos distintos ni usa la memoria judía como arma retórica. Por el contrario, debe rechazar toda identificación entre el pueblo judío y las políticas de un gobierno, de una coalición militar o de dirigentes particulares. El judaísmo, las comunidades judías del mundo y las tradiciones sionistas son plurales; en ellas existen, además, voces que han condenado la ocupación, la guerra y la devastación de Gaza. La responsabilidad política y jurídica debe atribuirse a instituciones y personas concretas, no a una colectividad religiosa o étnica.
La pregunta de Núremberg, reformulada para el presente, es más sobria: cuando existen indicios documentados de crímenes internacionales, ¿qué hacen los Estados con capacidad de influir, las potencias que suministran armas, las organizaciones internacionales, los medios y las élites económicas? ¿Interrumpen la asistencia que puede facilitar abusos? ¿Exigen rendición de cuentas? ¿O preservan una relación estratégica mientras la destrucción continúa?
El alegato de la película ante el archivo
El primer argumento de Rolfe alude al pacto germano-soviético de agosto de 1939. El Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética fue firmado en Moscú el 23 de agosto de 1939 por Joachim von Ribbentrop y Viacheslav Molotov. Su protocolo adicional secreto delimitó esferas de influencia en Europa oriental. Una semana después, Alemania invadió Polonia; el 17 de septiembre la Unión Soviética entró en territorio polaco desde el este. El acuerdo no “creó” por sí solo la guerra de Hitler, cuya política expansionista era anterior y explícita, pero sí eliminó temporalmente un obstáculo decisivo para la invasión de Polonia y facilitó la partición de ese país.
El segundo argumento recuerda el Reichskonkordat, suscrito el 20 de julio de 1933 entre la Santa Sede y el Reich alemán. El acuerdo debe analizarse sin simplificaciones. No convirtió al Vaticano en autor de la persecución nazi ni anticipó el programa genocida que el régimen desarrollaría posteriormente. Sin embargo, fue una victoria diplomática para Hitler en un momento en que consolidaba su poder, perseguía a la oposición y desmantelaba la democracia de Weimar. La historiografía ha debatido los cálculos defensivos de la Santa Sede -proteger instituciones católicas en un Estado cada vez más coercitivo-, pero también el efecto público del pacto: el régimen obtuvo una medida de legitimidad internacional mientras reducía el espacio autónomo del catolicismo político alemán.
La tercera referencia, atribuida en la película a Winston Churchill, exige una rectificación clara. No debe reproducirse como cita histórica sin una fuente primaria verificable. La frase aparece en el libreto de Abby Mann puesta en boca de Hans Rolfe; no he localizado una carta abierta de Churchill a The Times de 1938 que la contenga. Churchill tuvo, en distintos momentos, juicios ambivalentes y estratégicos sobre líderes europeos, pero también fue uno de los críticos británicos más persistentes del apaciguamiento y del peligro nazi antes de la guerra. Convertir la frase fílmica en prueba documental invierte el método histórico: una escena memorable no puede sustituir el archivo.
El cuarto planteamiento -la colaboración o el beneficio de intereses empresariales estadounidenses- debe formularse con precisión semejante. Hay evidencia de que filiales y negocios asentados en Alemania participaron en la economía del Tercer Reich; el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos señala, por ejemplo, que Ford-Werke se benefició de la producción de vehículos para el esfuerzo bélico nazi y que durante la guerra quedó bajo control directo del Estado alemán. Esto no permite borrar las diferencias entre una corporación matriz, una filial sometida a las autoridades del Reich, empresarios individuales y decisiones estatales estadounidenses. Pero sí impide la inocencia retrospectiva: la economía de guerra nazi no fue una máquina aislada de las redes transnacionales de capital, tecnología, comercio y materias primas.
El alegato de Rolfe contiene, por tanto, una verdad moral y una trampa argumentativa. La verdad es que los sistemas criminales no crecen en el vacío. La trampa consiste en transformar la responsabilidad dispersa de otros actores en una excusa para quienes ocuparon el centro de la persecución, la guerra de conquista y el exterminio. Núremberg respondió a esta trampa al afirmar responsabilidad individual: nadie quedaba absuelto por el hecho de que muchos hubieran fallado antes, alrededor o después. El reto contemporáneo es conservar ambas ideas a la vez: responsabilidad principal de los autores directos y responsabilidad derivada de quienes posibilitan, sostienen o encubren.
Gaza: del lenguaje de la alarma a la obligación de prevenir
Ese marco es pertinente para Gaza no porque la historia se repita como calco, sino porque el derecho internacional nació, en buena parte, de la conciencia de que la soberanía no puede ser un refugio absoluto frente a los crímenes contra poblaciones civiles. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 obliga a los Estados a prevenir y sancionar el genocidio. Su lenguaje se refiere a actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Determinar jurídicamente esa intención y establecer responsabilidad final corresponde a tribunales competentes, sobre la base de pruebas sometidas a contradicción.
Esto exige exactitud. La Corte Internacional de Justicia no ha dictado una sentencia final que declare que Israel cometió genocidio en Gaza. En el caso Sudáfrica c. Israel, la Corte ordenó medidas provisionales el 26 de enero de 2024 y las reforzó posteriormente. En mayo de 2024 ordenó a Israel detener su ofensiva militar en Rafah en la medida en que pudiera infligir a los palestinos de Gaza condiciones de vida capaces de provocar su destrucción física, total o parcial; también exigió facilitar acceso para investigadores y preservar evidencia. Las medidas provisionales son vinculantes, pero no resuelven el fondo definitivo del litigio.
La gravedad del expediente no descansa solamente en un proceso. El 21 de noviembre de 2024, una Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presunta responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluida la utilización del hambre como método de guerra, según la información pública de la Corte. Una comisión internacional independiente de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2025 que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza; esa conclusión es de la Comisión y no equivale, por sí misma, a una sentencia de la CIJ. Mantener esa distinción no debilita la denuncia: la hace intelectualmente defendible.
La cuestión política aparece entonces con toda su crudeza. Si Estados aliados continúan entregando armas, apoyo diplomático, inteligencia o cobertura internacional mientras existen órdenes judiciales, investigaciones independientes y advertencias humanitarias de esta magnitud, no es suficiente alegar neutralidad. La neutralidad puede transformarse en una forma de participación cuando evita emplear las herramientas disponibles para prevenir daños previsibles. El deber de prevención no exige esperar a que una matanza concluya para reconocer su carácter; exige actuar ante un riesgo serio, según la capacidad real de influencia de cada Estado.
No toda relación exterior genera la misma responsabilidad. Hay una diferencia entre un Estado sin poder material para incidir y un gobierno que financia, arma, protege diplomáticamente o veta mecanismos de control. También hay diferencia entre una empresa que vende un producto civil ordinario y un proveedor cuya tecnología o logística es indispensable para una campaña militar. El análisis debe reconstruir esas cadenas: qué se entregó, en qué condiciones, qué advertencias se conocían, qué controles se omitieron y qué beneficios políticos o económicos estuvieron en juego. Esa es la distancia entre una consigna y una investigación.
Sionismo, Estado y pueblo: una distinción inaplazable
Hablar de “ascenso del sionismo” sin precisiones puede oscurecer más de lo que aclara. El sionismo es una tradición política e intelectual diversa, surgida en contextos de persecución antijudía, nacionalismo europeo y búsqueda de autodeterminación judía. No es sinónimo de judaísmo; tampoco equivale automáticamente a las decisiones de un gabinete israelí, de las Fuerzas de Defensa de Israel, del movimiento de colonos o de una corriente nacionalista concreta. Del mismo modo, criticar políticas estatales israelíes no es, por definición, antisemitismo. Lo es, en cambio, responsabilizar a “los judíos” como bloque, negar su humanidad o usar imaginarios de conspiración colectiva.
Esta distinción no es una fórmula de cortesía: es una exigencia ética y analítica. El antisemitismo fue un componente central del mundo que hizo posible el Holocausto. Un ensayo que invoque Núremberg para cuestionar la devastación de Gaza debe negarse a reciclar la lógica de la culpa colectiva que Núremberg ayudó a desmontar. No hay justicia en sustituir una deshumanización por otra. Hay, sí, obligación de nombrar con precisión a quienes toman decisiones, aprueban operaciones, bloquean ayuda humanitaria, ordenan desplazamientos, suministran armas o frustran mecanismos de rendición de cuentas.
Al mismo tiempo, la precisión no debe ser un refugio para la evasión. Las atrocidades suelen avanzar bajo lenguajes administrativos: “seguridad”, “daño colateral”, “zonas de evacuación”, “objetivos militares”, “disuasión”. Cada término puede describir una realidad legítima en ciertos contextos; ninguno exime del derecho internacional humanitario ni de la protección debida a la población civil. La tarea del historiador es seguir el rastro entre palabras, órdenes, consecuencias y silencios.
Conclusión: la responsabilidad de quienes podían actuar
La lección más fértil de Vencedores o vencidos no es que “el mundo entero” comparta exactamente la misma culpa. Esa fórmula nivela a víctimas, perpetradores, cómplices, espectadores y resistentes; por ello resulta históricamente insuficiente. La lección es otra: los crímenes de Estado reclutan auxiliares antes de reclutar verdugos. Reclutan diplomáticos que prefieren no incomodar, empresas que calculan ganancias, gobiernos que subordinan el derecho a la alianza y opinadores que convierten la evidencia en propaganda disputable.
La Alemania nazi fue responsable de sus propias decisiones y de sus crímenes. Ningún pacto soviético, concordato vaticano, vínculo comercial extranjero o fracaso británico disminuye esa responsabilidad. Pero el examen de esas conexiones impide que la condena de 1945 se convierta en una ceremonia cómoda: permite preguntar por qué el mundo reconoció tan tarde la magnitud de lo que tenía delante.
Gaza obliga a plantear esa pregunta en presente. No para apropiarse del Holocausto ni para equiparar sin matices historias distintas, sino para sostener un principio elemental: las advertencias documentadas crean responsabilidades. La justicia no puede permanecer neutral ante la muerte de niños, mujeres, hombres y ancianos cuya única falta es haber nacido bajo el cielo de una tierra sitiada. El pueblo palestino, en su dolor y en su perseverancia, representa hoy una apelación radical a la conciencia humana: recuerda que toda vida civil posee una dignidad que ningún cálculo geopolítico, militar o económico puede convertir en daño aceptable.
Los Estados, las instituciones y las personas con capacidad de impedir, restringir o denunciar la destrucción de vidas civiles no pueden refugiarse indefinidamente en la distancia moral. En Núremberg, la fórmula “yo seguía órdenes” reveló la tragedia de quienes renunciaron a su conciencia para obedecer una maquinaria criminal. La historia no se repite de manera idéntica, pero vuelve a interpelarnos cuando la obediencia, el silencio diplomático, la conveniencia económica o la disciplina institucional se invocan para aceptar lo inaceptable. Ninguna orden, alianza o interés puede absolver a quien participa, facilita o contempla pasivamente un crimen contra la humanidad.
Cuando el archivo futuro pregunte qué se sabía, qué se dijo y qué se hizo, no bastará haber expresado preocupación. La cuestión será si, ante la evidencia y la capacidad de actuar, se eligió la prevención o la complicidad; si se defendió la vida de los inocentes o se permitió que el poder hablara por encima de su sufrimiento.
Porque la justicia, si ha de merecer ese nombre, debe obrar a favor de quienes no poseen ejércitos, capitales ni tribunas: de quienes solo reclaman el derecho irrenunciable de seguir viviendo. Tal vez por eso vuelve la imagen de aquella mujer solitaria frente al Capitolio, sosteniendo las banderas de Puerto Rico y Palestina bajo el mismo sol.
Su gesto recuerda el antiguo relato del libro de Josué: después de cruzar el Jordán, los israelitas marcharon durante seis días alrededor de la Jericó amurallada, mientras los sacerdotes que acompañaban el Arca de la Alianza hacían sonar los cuernos de carnero, los shofares, y el pueblo guardaba silencio. Al séptimo día, tras siete vueltas y el sonido prolongado de las trompetas unido al clamor colectivo, cayeron las murallas que parecían invencibles.
Más allá de los debates históricos y arqueológicos sobre la cronología o la literalidad de aquel episodio, Jericó ha perdurado como una poderosa imagen de la fe, la perseverancia y la esperanza compartida frente a lo que parece inexpugnable.
Y es que cada claxon que respondió a la presencia de aquella mujer fue, en ese sentido, una voz breve contra la indiferencia: una trompeta contemporánea que no convocaba la destrucción de nadie, sino el derrumbe moral de las murallas del miedo, del cálculo y de la deshumanización. No para levantar nuevos muros, sino para abrir un mundo donde la paz no sea privilegio de unos pocos, sino fundamento común de la convivencia humana.
